BANKIA: La trampa de las preferentes

El buen comportamiento bursátil de la acción de Bankia en los últimos días está sirviendo para que desde la Entidad se trasmita mensajes a los clientes, que en su día tuvieron preferentes, de optimismo e incluso de invitación a la venta de los títulos. Lo cierto, lo único cierto, es que estos clientes ya han tenido que sufrir una quita y que el canje de preferentes por acciones (a 1,35 euros) ya se hizo con la repercusión del citado descuento. Para estos clientes exactamente de un 38% de su dinero.

 

La estrategia de evitar más pleitos, que por cierto suponen en la practica una derrota casi segura para Bankia, han propiciado este tipo de “gestiones” por parte de la Entidad. Nosotros creemos, intentando aplicar la lógica e intentando aprender de errores pasados, que la única posibilidad real de recuperar todo nuestro dinero es la reclamación judicial.

 

Bankia está preocupada porque además más negros nubarrones la sobrevuelan, con la puerta abierta a nuevas reclamaciones, para los suscriptores de acciones en julio de 2011. Empiezan a aparecer sentencias, en el ámbito civil, que pueden suponer la recuperación para los  inversores que creyeron en una Entidad que resultó ser lo que no era. 

 

Estamos convencido que nuestros clientes si hacen valer sus derechos recuperarán lo invertido. No confiéis en remontadas impensables en bolsa. Este mismo argumento ya les hizo perder su dinero. Utilicen la vía que el derecho y el sentido común les indica. No crean en la “salud” de Bankia, tan mejorada ahora dicen.  

 

Bankia se apropió de dinero que era nuestro y su rescate nos costará a los españoles unos 8.000,00 euros por familia … 

 

Reclamen, reclamen y después reclamen… Ya paso el momento de confiar en las palabras…

J.J. Izquierdo

 

*J.J. Izquierdo es asesor financiero y experto en Derecho de Banca.

Conclusiones en Juicio sobre un IRS Bonificado (SWAP) del Banco Popular (sentencia favorable)

A continuación os ofrecemos en exclusiva, la transcripción de las CONCLUSIONES FINALES que pronunció el letrado DON CARLOS ARCE (@arceabogados) en un procedimiento ordinario por un SWAP contra el BANCO POPULAR, cuyo resultado fue positivo para el cliente, con estimación íntegra de la demanda:

Con la venia Señoría,…Entiende esta parte que ha quedado debidamente acreditado lo expuesto en el escrito de demanda relativo a:

1)    La complejidad del producto contratado y su inadecuación al cliente al que se dirigió, esto es a CLIENTE.

2)    La falta de Información y documentación facilitada al representante legal de CLIENTE., todo ello referido a la fase previa y coetánea de la contratación.

3)    En consecuencia EL VICIO EN EL CONSENTIMIENTO POR ERROR EN EL OBJETO, y por lo tanto la NULIDAD del contrato.

         El testigo, Don José nos ha acreditado que CLIENTE. es una sociedad familiar, pequeña y endeudada, con un órgano de administración bien simple: dos hermanos, datos todos que se desprenden desde el documento de la TASA JUDICIAL (mod. 696 en el que figura como exento por tener la consideración de sociedad de reducida dimensión de conformidad con la Ley de Sociedades), escrituras de sociedad y préstamo, algo que no ha sido en absoluto impugnado de adverso.

         Los conocimientos de Don José o de Don Rafael de cuestiones financieras o de productos de inversión o especulativos es completamente nula.

         Lo cierto y verdad es que el testigo nos ha relatado

1)    cómo ha firmado el contrato del SWAP de forma atropellada, con prisas, con la urgencia de la necesidad de otro préstamo

2)    como requisito para que le concedieran ese préstamo tan importante para la viabilidad de la empresa,

3)    que no ha recibido información específica acerca del SWAP (por cierto siempre fue atendido por Don Pedro Perillo, y no por el Director de la entidad, el testigo presentado por la demandada)

4)    que se le dijo que era una especie de seguro, y lo contrató a pesar de no haber solicitado nada parecido ni en forma de SWAP ni en forma de seguro

5)    no se le facilitó información previa del producto, no se le explicó, como por ejemplo ocurre en una hipoteca, el cálculo aproximado del comportamiento de producto, ni aún en un escenario benévolo para el cliente.

6)    no se le indicó claramente las posibilidades de cancelación y los costes de la misma

7)    posteriormente, y una vez recibida la liquidación, y a pesar de que el cliente manifiesta claramente la existencia de un error en el producto contratado, que en nada se parece a lo que le hicieron ver que era, el banco se lava las manos y comienza un via crucis particular de reclamaciones que han culminado en la presente demanda.

Al inicio de la crisis financiera, es decir, a finales del año 2007 y comienzos del 2008, en plena crisis financiera y un contexto de tipos elevados, el banco Central Europeo comenzó a intervenir con bajadas de tipos. Por el efecto de traslación de las bajadas del tipo de interés de intervención del BCE al Euribor, los bancos y cajas eran conscientes de que el euribor iba a comenzar su descenso de manera inmediata, cosa que así ocurrió.

         Pero analizando si analizamos el contexto económico del EURIBOR, desde su creación también se puede comprobar una evolución cada ocho años que provoca caídas en picado delos tipos de interés, como igualmente ocurrió. Esta información no se la está inventando este letrado, sino que consta en la documental aportada por esta parte, y es un hecho notorio que no necesita prueba.

De esta forma era necesaria una prueba más intensa que la mera declaración del Director de la entidad que le colocó el producto, siendo un hecho actualmente conocido la presión que los empleados sufrían desde las altas instancias para colocar productos financieros, a la postre completamente contraindicados para este tipo de clientes, cuando ya se tenía por los bancos una razonable información de la evolución de tipos y perspectivas económicas, resultando ilustrativa la simultanea campaña de colocación de SWAPS, hipotecas multidivisa, hipotecas con suelo y posteriormente participaciones preferentes por diversas entidades bancarias.”

NUESTROS HONORARIOS

Teniendo siempre en consideración la actual crisis económica, CiviLex Abogados conoce las circunstancias críticas de los afectados por las participaciones preferentes y obligaciones subordinadas y por ello ajusta sus honorarios al resultado obtenido por el cliente.

Nuestros honorarios devengados en virtud del Procedimiento se fijan en un 7% de la cantidad devuelta a nuestros clientes más 500 euros de Procurador y 500 euros de provisión de fondos.

El cliente únicamente deberá abonar la respectiva tasa judicial, y las cantidades determinadas anteriormente para Procurador y Abogado.

Para más información, puede ponerse en contacto con nosotros a través del siguiente correo electrónico: civilexabogados@gmail.com

La primera sentencia por preferentes en Cantabria da la razón a los afectados

La primera sentencia dictada en Cantabria en relación a las participaciones preferentes ha dado la razón al demandante y ha condenado a CaixaBank a devolver el importe de la inversión, 97.000 euros, con los correspondientes intereses.

Así lo ha acordado el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Santander, que estima en parte la demanda del cliente y anula el contrato, pero deniega la indemnización que reclamaba por daños morales.

La sentencia, que puede recurrirse ante la Audiencia Provincial de Cantabria, reconoce la nulidad del contrato de participaciones preferentes porque considera que la entidad no informó adecuadamente al afectado del tipo de producto que adquiría.

En consecuencia, condena a CaixaBank a restituirle la inversión inicial (97.000 euros), con los intereses legales correspondientes. Y el cliente, a su vez, deberá devolver a la entidad los beneficios obtenidos mientras el contrato ha estado vigente, una cantidad que se concretará en el proceso de ejecución de sentencia.

Según ha explicado a Efe el portavoz de la Plataforma de Afectados por las Participaciones Preferentes en Cantabria, Fernando San Juan, se trata de la primera sentencia que se conoce en la región respecto a este asunto y esperan que anime a otros afectados a acudir a la vía judicial.

En este caso se da además la peculiaridad de que el cliente había llegado a alcanzar un acuerdo de canje de las participaciones preferentes que también queda anulado.

La resolución judicial, difundida hoy por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), sostiene que el cliente “confió en la palabra de un empleado bancario sin ser consciente de los altos riesgos de un contrato complejo del que no recibió la necesaria información para ponderar sus riesgos y decantarse conscientemente sobre su contratación”.

De hecho, indica que después de escuchar a las partes, da la “impresión” de que el afectado pensaba que estaba contratando un producto similar a un depósito.

Además, explica que en la cartilla bancaria en la que se anotaban los movimientos y en las órdenes de venta “no existe mínima información” sobre las condiciones o características del producto. Y añade que dos de las órdenes de compra “ni siquiera están firmadas” por el cliente

Noticia

Un juzgado de Amurrio anula varios intereses de demora por «abusivos»

Un juzgado de la localidad alavesa de Amurrio ha anulado las cláusulas sobre los intereses de demora aplicados por varias entidades bancarias y de crédito, que oscilaban entre el 18 y el 25%, al entender que son “abusivos”.

Así lo expresa el Juzgado de Instrucción número 1 de Amurrio en dos autos y una providencia, en una de cuyas resoluciones se apoya en la legislación europea para determinar que los jueces pueden actuar de oficio con el fin de “proteger a los consumidores contra cualquier cláusula de carácter abusivo”.

Más detalles

Hipotecas con Cláusulas de Suelo

Como consecuencia de la política seguida en cuanto a los tipos de interés por el Banco Central Europeo, que ha rebajado el precio oficial del dinero de forma considerable en los últimos años, y que se ha reducido en la del EURIBOR, actualmente se está aplicando en todos aquellos préstamos con garantía hipotecaria (son los más habituales, pero no los únicos) con cláusula de suelo, un tipo superior a la suma algebraica del tipo de referencia más el diferencial aplicado a dicho préstamo con un claro y evidente perjuicio para el/los firmante/s de dicho préstamo.

Existe pues una absoluta falta de reciprocidad entre el consumidor y la entidad de crédito de este tipo de cláusulas dado el desfase apreciado de las mismas en relación a las cláusulas techo que las acompañan, que hacen dicha cláusula nula de pleno derecho por abusiva, con la protección que de ello se derivaría a los consumidores, en atención a lo dispuesto en el TRLGDCU.

Tanto desde Arce Abogados, como de Soria&Soria Abogados, estamos trabajando intensamente para que determinadas entidades bancarias procedan a la eliminación de la cláusula “suelo” y en consecuencia procedan a la compensación de lo cobrado hasta la fecha con una reducción del diferencial aplicado al préstamo de referencia.

La extremadamente pesada carga burocrática de las entidades bancarias está retrasando la interposición de las pertinentes acciones judiciales contra las mismas, pues tras varios meses de negociaciones siguen sin resolverse los más de 15 casos repartidos en diferentes entidades, siendo por otro lado interés de los letrados que componen los despachos señalados al inicio evitar, en la medida de lo posible, la interpelación judicial de los bancos requeridos a fin de minimizar los costes finales para los clientes.

El Jdo. de 1ª Instancia nº 5 de Segovia anula un SWAP por considerar probado el error en el consentimiento del administrador de la empresa contratante y la escasa o nula diligencia de la entidad bancaria a la hora de informar sobre el mismo

El pasado día 17/12/12 hemos conocido la sentencia del Jdo. de 1ª Instancia nº 5 de Segovia que estimaba íntegramente la demanda deducida por los letrados Don Carlos Arce Fernández y Don Juan Pablo Soria Bastida (de Arce Abogados y Soria&Soria Abogados respectivamente) en nombre de su cliente, relativo a la nulidad de un producto bancario del Banco Popular, denominado IRS BONIFICADO. La sentencia desgrana en sus Fundamentos de Derecho toda una serie de incumplimientos del Banco Popular al comercializar un producto “complejo y especulativo” sin cumplir con sus obligaciones en la fase previa del contrato relativas a la información completa y detallada del producto, como viene reflejado en la normativa del mercado de valores.

Destaca la sentencia que fue esa “falta de información previa y completa, en especial sobre los riesgos que asumía la parte demandante, sin duda incidió de forma decisiva en la formación del consentimiento de la parte demandante, que por ello debe considerarse viciado por error, pues puede afirmarse de forma categórica que no conocieron los riesgos y consecuencias del contrato swap sino en el momento en que el banco les cargó en la cuenta asociada el importe resultante de las liquidaciones a favor del banco.”

                Este error para el juzgador, cuyo criterio suscribimos ampliamente, es esencial por cuanto que afecta al contenido mismo del contrato, a la asunción por el cliente de un tipo de interés fijo cuando en su préstamo personal lo pactaron variable y, sobre todo, porque asumían un riesgo y un coste patrimonial a consecuencia de las variaciones de los tipos de interés, precisamente en situaciones de bajada de los mismos, cuando lo lógico y común es estar en la creencia de que esta bajada les beneficiará siempre cuando se ha pactado en el préstamo personal un tipo de interés variable. Es un error excusable, por cuanto que el representante de la entidad demandante es persona sin conocimientos financieros, que actuó movido por la confianza que depositó en los empleados del banco que les asesoraron en la concesión del préstamo personal, y a quien no se les dio la información previa y completa necesaria.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1301 del Código Civil, concurre un error invalidante del consentimiento prestado.

La sentencia condena al Banco Popular a la devolución de los cargos efectuados con los intereses legales, y al pago de las costas procesales.